En toda relación existe el factor del desgaste, que luego de acumularse puede llevar a que se produzcan roces y eventualmente estalle el conflicto. En el caso de la Casa Rosada y los gobernadores, no es distinto. Por eso, ante el creciente malestar de las provincias por los recursos coparticipables, el Gobierno buscará retomar las conversaciones después del 9 de julio para evitar las crecientes amenazas que avanzan en el Congreso. Semana negra del Gobierno en el Congreso No fue una buena semana para el Gobierno de Javier Milei en términos legislativos. El martes, la Cámara de Diputados logró -con apoyo de los votos que responden a los gobernadores- reunir los dos tercios necesarios para emplazar a las comisiones los proyectos de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan. El oficialismo había intentado demorar su tratamiento en las comisiones lo más posible para evitarse el cachetazo en el Congreso, donde finalmente la oposición congregó más de 160 votos. La cifra es particularmente amenazadora para el oficialismo, ya que alcanza para derribar los eventuales vetos presidenciales ya anunciados por Javier Milei contra todo proyecto que atente contra el superávit fiscal. La avanzada legislativa de la oposición Así, los bloques opositores ya convocaron para el próximo martes los plenarios de comisiones para tratar los emplazamientos, que de obtener dictamen. Quedarán listos para tratarse en la cámara baja. Lo mismo ocurrió en el Senado, donde el bloque peronista logró los dictámenes para los proyectos previsionales y la emergencia en discapacidad, dos iniciativas que ya cuentan con la media sanción de Diputados. Con poco margen para actuar, el Gobierno enfrenta un escenario pocas veces visto desde el comienzo de su gestión: la pérdida total del control del Congreso y la desactivación del poder de veto. En ese contexto, en Casa Rosada comenzaron a reconstruir los puentes con los gobernadores, las figuras que hasta el momento han garantizado la supervivencia de los proyectos del Ejecutivo pese a su amplia minoría legislativa. Ese vínculo viene muy golpeado, producto de las infructuosas negociaciones por el reparto de los recursos coparticipables y la amenaza electoral que significó para los caudillos locales la llegada de las listas de La Libertad Avanza a sus distritos. El reclamo de los gobernadores En términos de recursos, el reclamo de los gobernadores fue garantizar el flujo diario de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y eliminar todos los fondos fiduciarios que se financian con el Impuesto a los Combustibles Líquidos -cuyos recursos están destinados al mantenimiento de obras viales- para que las provincias dispongan de esos recursos libremente. Se trata de dos canillas que el Gobierno ha decidido mantener bien cerradas para sostener el sagrado superávit fiscal del presidente. Ante el rechazo del Ejecutivo, que argumentó posibles desbalances en las cuentas públicas, los gobernadores amenazaron con avanzar con un proyecto de ley en el Congreso que efectivice la solución de sus reclamos. El malestar no es casual: hasta el momento, las provincias han percibido $7.4 billones menos respecto a 2023 en materia de recursos coparticipables, según un informe de la Comisión Federal de Impuestos. Sin embargo, hasta el momento el Gobierno fue inflexible. En el último encuentro entre el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y los ministros de Economía de los 24 distritos, el funcionario nacional planteó que el Gobierno está dispuesto a entregar los fondos del Impuesto a los Combustibles a cambio de que las provincias se hagan cargo de las obras, como ya ocurrió en algunos casos puntuales. La firme postura del Gobierno El Gobierno fue menos flexible a la hora de discutir los ATN, con el argumento de que esos fondos "son para emergencias" y el Ejecutivo no puede permitirse quedarse sin esa herramienta ante eventuales desastres. "Es una falacia que los Aportes del Tesoro les correspondan. Hay una parte de la coparticipación que va a los ATN, pero eso no significa que sea de las provincias", aseguraron en Balcarce 50. Ese desencuentro, sumado a la negativa de la Casa Rosada a compartir lugares en sus listas y, en algunos casos, confrontar directamente con los oficialismos locales, tensan los lazos con el Gobierno. Por eso, el ministro dialoguista que tiene Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encabezará una nueva reunión con una delegación de los gobernadores en la Casa Rosada junto al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para intentar reencauzar las conversaciones con miras a lo que podría ocurrir en el Palacio Legislativo, donde pronostican "una carnicería". Llamado al diálogo y una amenaza de fondo Será una reedición del primer encuentro celebrado el pasado 13 de junio, donde una pequeña comitiva compuesta por los gobernadores Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Raúl Jalil (Catamarca) y la vicemandataria de Córdoba, Myrian Prunotto, acudieron a Balcarce 50 para plantear sus reclamos y comenzar a tratar una solución. Si bien en Casa Rosada apuestan al diálogo, deslizan una amenaza: el apoyo a los proyectos de la oposición en el Congreso podría tener graves repercusiones para las provincias. "No queremos que nos apoyen, hay que ver si les conviene que vuele todo el sistema por el aire”, planteó una fuente en los pasillos del Palacio de Gobierno. "Piden aumentar las jubilaciones sin decir de dónde va a salir la plata", cuestionaron en el Ejecutivo, y advirtieron: "La oposición no puede obligar a imprimir dinero. Si el Gobierno se queda sin plata, va a recortar todo lo que haga falta, incluida la coparticipación”. En ese escenario de ver quién frena antes de colisionar con el otro, el Gobierno confía en que "los gobernadores no quieren que la sangre llegue al río". Sin embargo, si la Casa Rosada sigue sin ofrecer respuestas, el choque podría ser inevitable.