La Corte Suprema de Justicia de la Nación cerró definitivamente el expediente por el caso Vialidad, confirmando la condena a la expresidenta y exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Como consecuencia de esta sentencia, le será decomisada una multimillonaria suma: $84.835.227.378,04. El máximo tribunal, compuesto por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, resolvió por unanimidad desestimar las quejas presentadas por las defensas. Los magistrados consideraron que los planteos no cumplían los requisitos mínimos para ser admitidos, por lo que ni siquiera fueron tratados en profundidad. Sentencia confirmada Esta decisión confirma la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal 2 y avalada por la Cámara de Casación Penal, que encontró probado un esquema sistemático de corrupción en la adjudicación de 51 obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Dichos contratos beneficiaron de manera directa al empresario Lázaro Báez, estrechamente vinculado a la familia Kirchner. Según el fallo, las maniobras ilícitas se realizaron bajo apariencia de legalidad, mediante licitaciones simuladas y procesos administrativos manipulados. Los jueces concluyeron que Fernández de Kirchner priorizó intereses personales por sobre el bien común, favoreciendo económicamente a su entorno mediante el uso de herramientas del Estado. La Corte también sostuvo que no se vulneraron derechos constitucionales durante el proceso judicial y que el fallo que ahora queda firme. La pena incluye seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Además, el tribunal ratificó la absolución de la ex mandataria por el delito de asociación ilícita, al rechazar la apelación de la fiscalía, considerando inadmisible el recurso conforme el artículo 280 del Código Procesal. La candidatura frustrada de Cristina Fernández de Kirchner En paralelo, quedó sin efecto la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner vuelva a postularse para un cargo electivo. La inhabilitación definitiva frustra sus aspiraciones políticas luego de que hiciera pública la semana pasada su intención de ser candidata a legisladora por Buenos Aires. Además de la pena, el máximo tribunal validó el decomiso de más de 84.800 millones de pesos: exactamente $84.835.227.378,04, monto correspondiente al fraude vinculado a la adjudicación irregular de obra pública a favor del empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. "El fallo de la Corte marca un hito histórico: por primera vez, una expresidenta argentina tiene una condena firme por corrupción en ejercicio de la función pública", señalaron fuentes judiciales al conocerse la decisión.