Los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani dictaminaron en contra de concederle el arresto domiciliario a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. La defensa de CFK había invocado motivos de seguridad relacionados a su condición de exjefa de Estado y que fue víctima de un intento de homicidio en 2022. Asimismo, presentaron motivos etareos por tener 72 años. En ese contexto, los funcionarios del Ministerio Público Fiscal se opusieron a que se le conceda el beneficio pues "no se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria". La fiscalía señaló que del informe socioambiental elevado la semana pasada, la propia Cristina Fernández de Kirchner dijo que se encuentra en un buen estado de salud general. Asimismo invocaron jurisprudencia de la Corte Suprema. Por otra parte señalaron que "la privación de la libertad en un establecimiento carcelario no supone, por sí misma, un menoscabo de la vida o la integridad de Fernández". Luciani y Mola, recordaron que el propio juez Jorge Gorini le denegó el mismo planteo al exsecretario de transporte Ricardo Jaime en la causa por la tragedia de Once tras invocar los mismos argumentos (edad y estado de salud). En aquella oportunidad, el magistrado fundamentó su negativa al sostener que la edad de la persona condenada "es una condición necesaria, pero no suficiente para conceder el beneficio". Los acusadores públicos quienes habían solicitado 12 años de prisión para la exvicepresidenta plantearon serias dudas sobre el departamento de la calle San Jose 1111, en el barrio de Constitución, sobre sus condiciones de seguridad "teniendo en cuenta la ubicación del edificio, el emplazamiento de la unidad funcional en el edificio y la gran concentración de personas alrededor de este". Finalmente los fiscales Luciani y Mola pidieron rechazar, que se mantenga la custodia de Cristina Fernández de Kirchner, que le sea colocada una tobillera electrónica al tiempo sugirieron diversas pautas serias y concretas que en caso se conceda el arresto domiciliario "para garantizar el control efectivo del cumplimiento de la pena y de la seguridad", así como también que el régimen de detención domiciliaria "debe asegurar las condiciones de seguridad, integridad y dignidad".