La Cámara de Senadores recibió oficialmente el decreto emitido por el Poder Ejecutivo provincial, mediante el cual se designa en comisión a Dalmacio Enrique Mera, exministro de Educación, como nuevo Defensor del Pueblo. Esta designación, sin embargo, generó un fuerte rechazo en los bloques opositores. En un cambio sustancial, el Gobierno eliminó la potestad que la Comisión Bicameral Permanente tenía para elegir al Defensor del Pueblo, dejando a este órgano como un espacio de "relación con el Poder Legislativo". De esta forma, la Bicameral, integrada por cinco senadores y cinco diputados en proporción a la representación, tendrá la función de mantener las relaciones institucionales con el Defensor y de informar a las Cámaras en las ocasiones que sea necesario.  En tanto, la designación del exministro de Educación requiere la aprobación del Senado por una mayoría calificada de dos tercios para que sea formalmente efectiva. La UCR judicializará que modifica la Defensoría del Pueblo Desde la oposición, el bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical anunció que está trabajando en acciones legales y convocará a otros bloques opositores a presentar una demanda judicial. La intención es solicitar la declaración de inconstitucionalidad y nulidad absoluta del Decreto Acuerdo N.º 719/2025, dictado por el Ejecutivo el pasado 30 de abril. Este decreto, además, modifica de manera unilateral e inconstitucional la Ley N.º 5337, que regula la Defensoría del Pueblo, alterando su estructura institucional, los mecanismos de designación, la duración del mandato y las competencias del organismo. Asimismo, señalaron que, pese a que el decreto fue remitido a la Legislatura en cumplimiento del artículo 184 de la Constitución Provincial, hasta la fecha —8 de mayo de 2025— no ha sido publicado en el Boletín Oficial, ni ha adquirido vigencia, en una clara violación al principio de publicidad de los actos de gobierno. Esta omisión, según afirman, impide que la ciudadanía conozca las normas que rigen su marco institucional, constituyendo un grave vicio formal y un acto de opacidad que socava la transparencia democrática. Los legisladores advierten que esta reforma representa un uso abusivo del artículo 184 de la Constitución Provincial. Advierten que el Ejecutivo avanzó con decisiones de alto impacto institucional y social sin el debate correspondiente, sin control democrático y sin participación ciudadana. En esa línea, sostienen que el decreto implica una intromisión en competencias propias del Poder Legislativo, vulnerando el principio republicano de división de poderes, a la vez que consideran que esta maniobra representa un grave retroceso institucional, ya que coloca a un organismo de control, que debe ser independiente, bajo control directo del Ejecutivo, afectando su autonomía y debilitando las garantías democráticas en la provincia.