En un nueva movida del organigrama del Ejecutivo, el gobernador Raúl Jalil pidió al ministro de Educación, Dalmacio Mera, avanzar en la puesta en funcionamiento de la Defensoría del Pueblo en Catamarca, una figura creada por ley en 2011 pero que nunca fue implementada en la provincia. Así lo confirmó el propio Mera, quien aseguró que mantuvo una conversación con el mandatario provincial en la que ambos coincidieron en la necesidad de activar la Ley N° 5337, vigente desde septiembre de 2011. "Lo que hay es una conversación con el gobernador sobre la importancia de poner en marcha una ley que tiene la provincia, que es la creación de la Defensoría del Pueblo, y que todavía no hemos podido ver en funcionamiento", expresó el ministro. La normativa establece la creación de un organismo autónomo e independiente que actúe en defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos frente a actos irregulares o abusivos del Estado y de empresas prestadoras de servicios públicos. El Defensor del Pueblo no recibe instrucciones de ninguna autoridad y debe actuar con total independencia, tal como lo define el marco legal. Mera también reconoció que, de concretarse la implementación de la Defensoría, la persona designada para ocupar ese cargo no podrá desempeñar funciones ministeriales en paralelo, por lo que se espera una definición sobre la conducción del Ministerio de Educación en los próximos días. Y de esta manera, la reestructuración de los ministerios sigue dando novedades. La figura del Defensor del Pueblo fue incorporada a nivel nacional con la reforma constitucional de 1994, que la establece en el artículo 86 de la Carta Magna y en la Ley 24.284. A nivel federal, la Defensoría representa a los ciudadanos frente al accionar del Estado y de privados que prestan servicios esenciales. Sin embargo, en Catamarca, este rol sigue ausente, lo que debilita los canales institucionales para el resguardo de los derechos ciudadanos. Entre sus atribuciones, la Defensoría podría intervenir en casos de violencia de género, problemas ambientales, conflictos con servicios públicos o cuestiones vinculadas a la salud. Su rol es clave para fortalecer la institucionalidad democrática y garantizar el acceso a la justicia social. A modo de referencia, la Defensoría del Pueblo de la Nación lleva 16 años sin un titular: el último fue Eduardo Mondino, quien dejó el cargo en 2009. En Catamarca, el primer paso sería, al menos, ponerla en marcha.