El Gobierno relativizó públicamente el impacto de un nuevo paro general de la CGT, previsto para comienzos de abril, pero busca neutralizarlo. En la conferencia de este jueves, el vocero presidencial Manuel Adorni apuntó contra la central obrera, que impulsó la medida tras los desmanes en el Congreso el anterior miércoles, en el marco de “la marcha de los jubilados” “Estos paros son para defender intereses propios; acá no hay nada que amerite un paro. Es cierto que a pocos trabajadores son los que representan, a ciencia cierta, porque el trabajador lo que quiere es trabajar, y el trabajador ha hecho una lectura de que, en los últimos 40 años, los sindicatos lo único que han hecho es lograr que aumente la informalidad laboral a niveles récord”, señaló. “Nosotros no podemos hacer más nada. Efectivamente, si ellos quieren hacer el paro, como es un paro que connota cuestiones de interés estrictamente personal de ellos, está claro que lo quieren hacer para dañar a el Gobierno. De todas maneras, no van a lograr absolutamente nada”, remató el funcionario. Pese a los dichos de Adorni, la cúpula de la Casa Rosada busca minimizar la magnitud del paro. En diálogo con MDZ, altas fuentes oficiales precisaron que buscarán dialogar con el ala “dialoguista” del frente sindical, como el titular de Sanidad, Héctor Daer, y su par de la UOCRA, Gerardo Martínez, entre otros dirigentes que mantuvieron un diálogo fructífero en el segundo semestre del 2024. Para los referentes del Gobierno, “los gordos” se sintieron “forzados por la marcha frente al Congreso y reaccionaron”. “Pero claramente se sobregiraron y tomaron una decisión apresurada”, consideran desde Balcarce 50, donde agregan: “Vamos a conversar la semana que viene y vamos a escucharlos”. En Casa Rosada ven “difícil poder desactivar” el paro por “el tipo de planteo que hicieron sobre la marcha”, pero confían en que podrán convencerlos de evitar una movilización o que se pueda afectar el transporte público. “Vamos a escucharlos", aseguraron desde el círculo íntimo del presidente Javier Milei. En ese sentido, el Ejecutivo mantiene buen diálogo con Roberto Fernández, líder de la UTA y enfrentado con un sector mayoritario de los gremios del transporte, y espera que no acate. Sin embargo, la principal complejidad está en torno a los sindicatos ferroviarios que se muestran más inflexibles y realizaron una serie de paros que agrietaron aún más el vínculo en el último tiempo. Un signo de interrogación se lleva el presente de la relación entre el Gobierno y el camionero Hugo Moyano, quien regresó desde las sombras a la CGT, buscando llevar moderación y diferenciándose de Pablo Moyano, quien instaba por la ruptura de cualquier dialogo con los libertarios. Una de las cartas sobre la mesa que tiene el Gobierno es el proyecto de Reforma Laboral, que se mantiene dormido en el Congreso. Tras su revés judicial, en la presentación en la Ley bases, el oficialismo no pudo ni insistió con nuevos expedientes que pongan en jaque el poder total de los gremios. “Nosotros queremos impulsar este año la Reforma Laboral. Es algo más acotada a lo que pretendíamos, pero no podemos permitir que siga este nivel de informalidad”, advierten fuentes oficiales. Los funcionarios que mantienen una relación fluida con la CGT son el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor presidencial, Santiago Caputo.  Además de pedir por una mejor recomposición para los adultos mayores, en la CGT se insiste con el rechazo a la intervención de la Casa Rosada en las discusiones paritarias, poniendo topes en los aumentos y fijándolo por la cifra de inflación. También se hace hincapié en la situación industrial y en el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.