La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor de la Secretaría de Comercio puso bajo la lupa cientos de denuncias de jubilados que habrían sido estafados mediante débitos automáticos no autorizados por montos menores a $600, a nombre de la empresa de cobranzas EPICO S.A.

Se detectaron más de 300 denuncias online, en su mayoría de los últimos días, aunque algunas se remontaban hasta un año atrás.

Las denuncias fueron realizadas por jubilados que notaron esos débitos en sus cajas de ahorro, además de que el tema tuvo especial repercusión en el sitio de reclamos (no oficial) Defensadelconsumidor.com.ar.

Los descuentos se hacen por sumas menores, pero afectan a muchas personas, para poder seguir haciéndolo de modo sistemático sin que el descuento indebido sea detectado.

Por su parte, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), al mando de Horacio Azzolin, confirmó que estaban investigando los débitos no autorizados y que durante esta semana habían compilado varios casos.

Si bien la empresa EPICO S.A. desligó su responsabilidad, se pudo confirmar que el tema está bajo investigación, de acuerdo a lo informado por una entidad bancaria con sede porteña, que hasta el martes había recibido alrededor de 40 reclamos de sus clientes.

Según explicaron desde la entidad bancaria, "la operatoria de la empresa es totalmente legal, ya que ejecutan débitos para otras empresas. Pero, ante los reclamos de alrededor de 40 clientes, se devolvió el dinero -como la normativa indica- y hasta aclarar qué ocurre, si es una estafa o un error, se bloquearon los débitos de la empresa, preventivamente".

Fuentes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aseguraron que el organismo no sufrió ninguna vulneración informática que podría significar la filtración de los datos bancarios de jubilados y rápidamente señalaron que no tienen responsabilidad en los descuentos realizados por EPICO, aunque admitieron estar haciendo un relevamiento de casos.

Asimismo, desde la ANSES descartaron las potenciales estafas con el reciente hackeo que sufrió el PAMI, donde a principios de agosto se vulneraron los datos de salud de hasta 5 millones de afiliados. La justificación es que la mayor obra social del país no contaba con bases de datos relativas a la bancarización de los adultos mayores.