El diputado del Frente Amplio Catamarqueño, Hugo Ávila presentó este martes un proyecto mediante el cual solicita a los senadores y a los diputados nacionales con representación nacional que planteen el pedido de  intervención federal del Poder Judicial de la Provincia. 

Entre los fundamentos Ávila menciona que la iniciativa busca frenar las supuestas irregularidades cometidas en el marco de las distintas investigaciones vinculadas a los crímenes ocurridos en Catamarca.

“En Catamarca no hay división de poderes, lo cual es muy grave ya que no se garantizan las formas republicanas de gobierno. La existencia de un Poder Judicial sometido al Poder Ejecutivo, sumando a la abrupta mayoría en el Poder Legislativo que tiene el oficialismo, provoca que todos los hechos y prácticas que afectan garantías consagradas por la Constitución no tengan ni enjuiciamiento, ni fiscalización alguna, quedando los ciudadanos desprotegidos y rehenes ante las autoridades provinciales”, versa el estudio rubricado por Ávila.

En otro párrafo del proyecto, el legislador cargó duro contra el Gobierno provincial y aseguró que los militantes partidarios son los únicos favorecidos con los  nombramientos en el Poder Judicial, también dijo que fue un desacierto la eliminación del Concejo de la Magistratura, medidas que favorecerían a la corrupción dentro de máximo tribunal de Justicia.

 “El brutal crimen del ministro Juan Carlos Rojas, y muchos otros casos de características similares, demuestran que los Poderes provinciales no son capaces de garantizar debidamente la vigencia del Estado de Derecho y el normal funcionamiento de las instituciones. Se da también la desaparición física de Karina Chazarreta, una larga lista de femicidios, situaciones graves de inseguridad como el de Cristina Agüero, que hoy lucha por su vida y quizás lo más grave, la impunidad que gozan los dueños del poder en la Provincia de Catamarca, que generan la cartelización de la obra pública, y de las compras directas en el Ministerio de Desarrollo Social. Están además las maniobras fraudulentas del Estado para apropiarse de tierras en el registro de la propiedad con clanes nepóticos y mafiosos formados por el partido gobernante”, concluyó Ávila.