El abogado del foro local Julián Quintar, querellante en una causa penal que investiga el abuso sexual con acceso carnal a dos niñas de 4 y 7 años, presentó ayer en la Corte de Justicia local una grave denuncia contra el juez de Control de Garantías, Laboral y de Menores, Marcelo González.

En el escrito de 45 páginas, pidió que se evalúe la conducta del letrado, a quien acusó de parcialidad, prevaricato, mal desempeño de sus funciones y estafa a querellantes, en beneficio de Claudio Sosa (46), imputado en el marco de una causa por abuso sexual.

Los hechos a los que Quintar hace alusión ocurrieron durante el receso invernal de julio de 2022 en el polo tecnológico de Salado, Tinogasta, cuando Sosa, siendo becado municipal, enseñaba computación y habría abusado sexualmente de dos niñas de 4 y 7 años.

En este contexto, Quintar explicó que en la instrucción de la causa hubo graves irregularidades.
Se remontó a agosto de 2022 cuando las denuncias por los abusos ya habían sido realizadas, los informes de Cámara Gesell confirmaban los abusos y la fiscalía de Tinogasta estaba a cargo de Elvio Morales y el secretario de la fiscalía era Arturo Quinteros.

Aseguró que Quinteros, siendo secretario, fue abogado defensor de Sosa, que lo asistió durante las indagatorias y que con la supuesta complicidad del fiscal, Sosa fue imputado en un primer momento por dos hechos de “abuso sexual simple, agravados por ser encargado de la educación de las víctimas”.

En septiembre de ese año la imputación cambió y fue acusado de dos hechos de "abuso sexual con acceso carnal, calificados por ser el autor, encargado de la educación de las víctimas".

Aseguró además que en el documento donde por primera vez se determina la calificación legal de los delitos (imputación), en lugar de Sosa figuraba el nombre y apellido de otro sujeto.

Con el avance de la investigación, la fiscalía pidió la prisión preventiva para Sosa y Quinteros, siendo secretario, como defensor se opuso a la preventiva y solicitó la inmediata libertad del acusado.

Por su parte, la Defensoría de Menores acompañó el pedido de prisión preventiva basándose en las convenciones internacionales que tienen rango constitucional, solicitando además que se investigue con perspectiva de género y considerando que las víctimas son menores.

Al momento de emitir su dictamen, el juez González -siempre de acuerdo con la denuncia de Quintar-, declaró nula la petición del fiscal y declaró que "la petición del dictado de la prisión preventiva de Claudio Sosa por parte de este tribunal (...) no puede resultar de recibo en los términos que fuera formulada", por lo que ordenó su inmediata libertad.

Quintar aseguró que los informes de Cámara Gesell no fueron incorporados oportunamente en el expediente lo que "configura una nulidad de carácter absoluto" y una estafa, y que el juez, al emitir su resolución con este faltante, también incurrió en estafa, ya que “emitió dictamen a pesar de la ausencia de declaración en Cámara Gesell”.

Para el abogado, González "no parece un juez, más bien un defensor desorientado y defiende la libertad del preso, con un razonamiento parcializado, es decir, que prevarica".

Quintar consideró que se trata de "una resolución que beneficia con la libertad al violador de las niñas menores, que constituye el peor ultraje no solo a ellas sino a todos sus familiares y la sociedad".

Admitió que el juez González recibió a las madres de las víctimas para informarles que había ordenado la libertad de Sosa por los graves errores de los fiscales y por la viceministra de la Corte, Verónica Saldaño.

El Ancasti