La noticia de que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había aprobado el crédito de US$40 millones para destinar a la segunda edición del Programa de Apoyo para Pequeños Productores Vitivinícolas (Proviar II), fue celebrada por distintos actores del sector.

Ahora, para avanzar, es clave la publicación del decreto presidencial correspondiente que ratifique la utilización y aplicación de dicho préstamo. Hay que tener en cuenta que la Nación aporta U$S10 millones a este Programa, lo que hace un total de 50 millones de dólares destinados a los pequeños productores vitivinícolas.

Consultados sobre fechas probables para el mencionado decreto, desde el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), organismo sub ejecutor del Programa, expresaron que lo importante era la confirmación de la aprobación del BID y descontaron que el decreto reglamentario saldría en los tiempos requeridos. El Proviar es una propuesta de largo aliento ya que tiene una duración de cinco años.

Se trata de una herramienta esperada que, en lugar de ir a tapar huecos de la coyuntura, apunta a la creación de diversos proyectos y unidades de negocios que contribuyan a la “sostenibilidad social, económica y ambiental del sector” con objetivos específicos que apuntan al fomento del uso de la tecnología para eficientizar procesos productivos así como de comercialización e incentivo de proyectos liderados por micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

En línea con los tiempos, desde el Programa se señala que se prestará especial atención a las propuestas lideradas por mujeres y por jóvenes. La aprobación de la ayuda para los proyectos presentados -que llega en forma de crédito no reembolsable para el sector productivo- debe contar con la unanimidad de los distintos miembros de la unidad ejecutora del Proviar.

Aunque es el INV quien debe llevar adelante la instrumentación del crédito por ser un organismo estatal; el consejo ejecutivo está formado por el mismo Instituto así como por la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Así, esta unidad analiza los proyectos y debe tomar las decisiones en conjunto al momento de aprobar las solicitudes. “Esto le da más credibilidad al sistema”, apuntaron desde el sector. Luego, el mismo BID audita lo realizado.