Una ley riojana que intenta regular la producción de litio provocó el rechazo de otras provincias del norte del país y encendió alarmas en la comunidad empresarial.

Los cuestionamientos se produjeron luego de que La Rioja aprobó una norma que declara "recurso estratégico al litio y sus derivados".

Si bien la gran mayoría de los proyectos de litio están en Catamarca, Salta y Jujuy, la medida despertó el rechazo empresarial.

La Rioja es la primera en dar pasos concretos para declarar como "recurso estratégico" al litio, clave como materia prima para las baterías en la industria tecnológica y los vehículos eléctricos.

En la última sesión de la Legislatura provincial del 15 de diciembre de 2022 se aprobó la Ley 10.608 impulsada por el gobierno de Ricardo Quintela que, además, habilitaría a suspender los permisos exploratorios y concesiones ya otorgados. Con esta norma el Estado provincial también tendría más espaldas para administrar el litio.

Ahora la ley deberá publicarse en el Boletín Oficial provincial, lo que ocurriría en los próximos días.

Quintela fue parte de la comitiva de gobernadores del norte del país que a mitad del año pasado acompañó al ministro de Economía Sergio Massa a Estados Unidos para buscar inversiones privadas.

Uno de los sectores más destacados por el titular del Palacio de Hacienda en ese país fueron los proyectos de litio de la Argentina.

Polémica entre provincias por la regulación del litio

Los gobernadores del norte como Gerardo Morales de Jujuy, Raúl Jalil de Catamarca y Gustavo Sáenz de Salta (donde se concentra casi el 100% de los proyectos de exploración y producción de litio del país) se vienen oponiendo a declarar al litio como recurso estratégico en una ley.

Las tres provincias conforman la Mesa del Litio, un espacio desde donde los gobernadores quieren establecer un enclave económico común para el desarrollo de los proyectos.

La aprobación de esta ley generó rechazo por parte de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) por considerar que “impacta gravemente en el sector minero del país en su conjunto”.

La entidad advirtió que le ley aprobada en La Rioja “afecta la estabilidad jurídica”.

“Suspender las concesiones y permisos daña las posibilidades de desarrollo socioeconómico a futuro, impactando no sólo a las empresas que ya confiaron en la provincia, sino, además, generando señales negativas que atentan contra potenciales inversores, frenando la posibilidad de producción y generación de divisas”, añadió CAEM.

La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) expresó su profunda preocupación por la iniciativa y dijo que podría producir la suspensión de permisos de exploración y demás concesiones otorgadas.

"El desarrollo de cualquier industria, tanto para el trabajo existente como para posibles inversiones se debe fomentar desde el respeto por el marco jurídico vigente", sostuvo la entidad.

"Iniciativas como la que se está impulsando en La Rioja no sólo no respeta los permisos de exploración y concesiones otorgadas a empresas del sector, sino que genera desconfianza y sigue un camino contrario a la posibilidad de futuras inversiones para el sector. Esto también conlleva a la imposibilidad de crear nuevos puestos de trabajo", señaló.

CAMARCO precisó que la industria del litio prevé alrededor de U$S 5.000 millones de inversiones en los próximos años, motoriza más de 8.000 empleos y ubica a la Argentina como el cuarto productor mundial.