Vecinos de la localidad de Fiambalá salieron a repudiar la tala indiscriminada de más de 40 arboles que por estos días está realizando el gobierno que conduce la ofialista Roxana Paulón.

La destrucción de los mismos se realiza a pocas cuadras del centro de esa ciudad. A decir del municipio es para construir veredas.

A todo esto no se descarta una manifestación en muestra de repudio al grave daño ecológico que realizan el municipio fiambalense y sobre todo saber si hubo algún estudio de impacto ambiental.

Recordemos que el año pasado la organización ambientalista Greenpeace pidió penalidades para quienes llevan adelante estas actividades por las que, en el período entre 1998 y 2020 se perdieron cerca de 7 millones de hectáreas, según cifras difundidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

“Estamos ante una emergencia sanitaria, climática y de biodiversidad. Más deforestación significa más cambio climático, más inundaciones, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades”, dijeron desde la organización. 

Para poder conservar la naturaleza deben ser denunciadas y penalizadas todas aquellas acciones que la ponen en peligro (desmonte, incendios provocados, deforestación…). Estos actos tienen que ser considerados como un crimen, ya que es la única forma de acabar con el poder económico de las empresas.

Por otra parte, también convendría obligar a todas aquellas empresas o personas a restaurar todos aquellos lugares en cuestión que se dañaron ilegalmente.

Para Greenpeace, "Argentina se encuentra en emergencia forestal", y recordó que en 2014 el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) advirtió que “aquí se producía el 4,3% de la deforestación global y que durante la primera década del siglo 21 fue la principal fuente de emisiones de carbono del norte argentino”.