Alberto Fernández llegó ayer a San Martín de los Andes para inaugurar un hospital local. La ocasión de visitar esa zona en medio del conflicto con los pseudo mapuches en Villar Mascardi de por si no era la mejor. El presidente sigue intentando hacer equilibrio dentro del Frente de Todos con posturas que no solo ponen en peligro la integridad territorial argentina, sino que también lo ponen a él mismo y su Gobierno al borde de la ilegalidad. 

El presidente olvida, quizás por el mareo ideológico que producen las presiones del kirchnerismo en torno a todo conflicto que reivindique rebeldía en contra del Estado argentino (salvo en el los Qom que por haberse rebelado a Cristina Fernández de Kirchner durante su presidencia parecen condenados al olvido por el progresismo K), que es el jefe de la administración pública y guardián por lo tanto de los bienes del país sobre los que debe rendir cuentas.

Sabiendo claramente la intensidad del conflicto que lo esperaba de uno y otro lado, Alberto Fernández decidió ponerse como presidente del lado de los mapuches reclamantes y no de los vecinos que vienen alertando sobre los peligros que suponen las acciones de los Nahuel, con el prófugo Jones Huala a la cabeza y la Rebelión Ancestral Mapuche con sus cuestionados reclamos territoriales. 

No escuchó entonces el presidente a los vecinos y se detuvo, en un acto absolutamente premeditado, a reunirse con representantes mapuches en San Martín de los Andes. Está claro que muchos de los presentes allí nada tienen que ver con los robos, usurpaciones e incendios que azotan Mascardi, pero todos le reclamaron a Alberto Fernández por la libertad de las mujeres detenidas en los operativos de desalojo de los terrenos usurpados. 

Mas allá de lo que implica que el presidente de la Nación de señales a favor de los mapuches rebeldes cuando la Justicia aún avanza con las fuerzas federales en el cumplimiento de una sentencia de desalojo absolutamente sujeta a derecho, Fernández cedió ayer alegremente a su propia condición de presidente de todo el territorio de la Argentina. 

Cuando llegó al encuentro con los Mapuches lo esperaba una bandera que le dio una dudosa bienvenida sobre la ruta 48: "Usted está pisando suelo mapuche". Estaban allí las comunidades Vera, Cayún, Curruhinca, Puel Mapu, de la Confederación Mapuche de Neuquén, y la intendenta del Parque Nacional Lanín, Patricia Mansilla, que hace poco tuvo la idea de entregarles el volcán Lanin a los Mapuches para convertirlo en territorio sagrado.

Mas allá de otros reclamos le pidieron al presidente la liberación de las siete mujeres de Lafken Winkul Mapu y la devolución del territorio que a Justicia aún está en pleno trámite de desalojo. Y lo hicieron bajo la bandera nacional mapuche y sobre una mesa cubierta con el símbolo de la nación mapuche. 

Algunos de los presentes no solo no reconocen a la República Argentina como Nación a la que pertenecen los terrenos que pisaban, sino que también rechazan la vigencia del Código Penal y las leyes argentinas. Es decir, Alberto Fernández, con la simpatía y apoyo del curioso progresismo kirchnerista se sentó a dialogar con quienes no lo reconocen como mandatario y presidente de esa parte del territorio neuquino y menos de otras áreas de Rio Negro. En términos de soberanía nacional, es como si el presidente se hubiera reunido con la primer ministro británica Elizabeth Truss sin haberle hecho el mas mínimo reclamo sobre las Islas Malvinas.  

La protesta de los Mapuches pasó hace tiempo el límite del romanticismo que le quieren dar ciertos sectores del peronismo. Las acciones llegaron a tomar zonas cercanas a Vaca Muerta y hasta reclamar territorios de esa mega reserva de gas argentino, sin mencionar los ataques personales en Mascardi o las acciones que se repiten en zonas cercanas a Villa La Angostura. 

De acuerdo a un informe de Amnistía Internacional, el 60% de los reclamos indígenas apuntan a obtener territorios. Del norte al sur del país reclaman unas 5 millones de hectáreas. Juntos por el Cambio ya presentó denuncias contra el presidente por hacer oídos sordos a ese peligro y en algunos casos directamente por colaborar con las usurpaciones. El peligro es que el Gobierno, en medio de sus desvaríos y crisis sin control, parece no entender en lo mas mínimo el riesgo que enfrenta.