Litio, el gran beneficio de las élite

País 03/10/2022 Por Bruno Fornillo y Ariel Slipak
Un régimen de tenencia de matriz neoliberal que sustenta el gobierno corporativo transnacional-elitario provincial de los recursos y garantiza la externalización del litio con regalías insignificantes, pobrísimo control ambiental y nula participación de las comunidades originarias.
Litio

Se habla y se miente demasiado acerca del litio, se sabe poco, casi nada cambia. El litio en la Argentina no es estratégico porque su precio haya aumentado de 7 mil a 70 mil dólares la tonelada. Tampoco porque lo requiera la industria de la electromovilidad global para imaginar que podría remplazar la incontable flota fósil por una eléctrica. Ni siquiera es un gran dato que haya sustantivas reservas en el país. El litio, en verdad, es estratégico porque puede contribuir a organizar un recorrido de transformación real en términos tecnológicos, políticos, ambientales y económicos para superar el modelo extractivo-financiero que hoy se profundiza y consolida.

¿Cómo? Apropiándose de la renta litífera, cimentando una verdadera cooperación entre sistema científico-tecnológico, entramado productivo y empresas públicas (INVAP, CNEA, Fabricaciones Militares, Astilleros Rio Santiago, YTEC se interesaron por la temática), apostando por técnicas de extracción híper sustentables y creando una gestión democrática entre comunidades -dueñas ancestrales del recurso-, provincias y nación. Así, contribuiríamos a consolidar un nuevo vector de posdesarrollo enfocado en el bienestar de la población y en la transición socioecológica.

¿Qué tenemos? Un régimen de tenencia de matriz neoliberal que sustenta el gobierno corporativo transnacional-elitario provincial de los recursos y garantiza la externalización del litio con regalías insignificantes, pobrísimo control ambiental y nula participación de las comunidades originarias. Todos los proyectos están en manos extranjeras y gozan de incontables beneficios, como la estabilidad fiscal por 30 años. Una sola firma de las dos que operan en el Salar de Atacama de Chile reportó un pagó al fisco estatal de 2.198 millones de dólares en el primer semestre de 2022 porque abonan el 40 por ciento del royalty. Mientras que en la Argentina se pagó 12,1 millones de dólares durante 2020, según la CEPAL. Incomparable. Existen hoy en el país 2 proyectos en operación y 20 en estado avanzado. Cuando se consoliden, en apenas un par de años, no habrá marcha atrás. Para el litio, ningún poder ejecutivo tan fatídico como el actual.

Aquí se beneficia la élite provincial (por las tenencias mineras que vende para que exploten otros, por derrame insípido, por corrupción), pero no la provincia. Y el Poder Ejecutivo nacional evita enfrentarse con las provincias y con las corporaciones, tratando de que la realidad no explote para reproducirse. En el área tecnológica, donde más desarrollo poseíamos y donde el Foro de Especialistas de Litio supo agrupar a la totalidad de las líneas de investigación e innovación del país, el ministro Salvarezza financió a YTEC y la Universidad de La Plata una planta menor de baterías para terminar ahí, en vez de apostar a una articulación que podría haber sido mucho más robusta, federal y expansiva. YPF Litio busca “asociaciones con las empresas mineras provinciales para exploración del terreno”, cuando el conjunto de las pertenencias ya están tomadas, actúa como si fuera una empresa más y plantea una apuesta de aquí a media década que supone, además, aceptar que el litio no pertenece a la Argentina.

Hay un abanico de posibilidades para cambiar esta situación. De índole legislativas, como declarar al litio recurso estratégico, catalogado así en todo el resto de los países latinoamericanos, o acrecentar las rentas que recibe nación. De índole ejecutiva: asumir la ley que reserva el control del litio al área nuclear, a la CNEA, o fomentar una participación al 50 por ciento del empresas nacional-provinciales en los proyectos, o también convocar a una Comisión Nacional del Litio que diseñe un mejor horizonte para con el recurso. Estas iniciativas, además, requieren soluciones que no impliquen profundizar el riesgo socioambiental y promover la aplicación de técnicas menos invasivas para el ambiente.

Nada de esto se logra, sin embargo, sin cuestionar el poder corporativo-provincial y su articulación nacional, verdadera gobernanza del recurso. El mar de argumentos para evitar esta necesaria confrontación solo profundiza la evaporación de la soberanía nacional y, dicho fácilmente, de un destino de bien para todas y todos.

Te puede interesar