El Gobierno busca sumar a la oposición en el debate por una ley contra el odio

Tras el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Gobierno pretende impulsar un debate para combatir los “discursos del odio” y busca sumar a la oposición al debate.
Alberto Fernandez

Tras el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Gobierno evalúa por estas horas la posibilidad de impulsar un debate para combatir los “discursos del odio” y pretenden sumar a la oposición al debate.

El Frente de Todos buscará retomar el tema tras el atentado contra la vicepresidenta que sostienen que fue posible a partir del contexto creado por las expresiones de referentes políticos y sociales. 

Hoy el presidente Alberto Fernández discutió la idea con los principales líderes legislativos del oficialismo y algunos de los miembros de su entorno, pero aún no está definido cuándo ni de qué manera introducirían el debate en el Congreso.

Todavía no hay un borrador de la iniciativa, aseguraron en la Casa Rosada, pero admitieron que existe la intención de “discutir en todos los ámbitos” el modo de lidiar con el tipo de discursos que propiciaron el ataque. Distintos dirigentes durante las últimas horas apuntaron a la oposición y a algunos medios de comunicación como responsables de crear el ambiente político que llevó al atentado contra Cristina Kirchner.

La idea no avanzó formalmente, pero sí hubo algunas discusiones al respecto. Esta tarde, el presidente habló sobre la posibilidad de impulsar el debate en el ámbito legislativo en un encuentro en la Casa Rosada con Germán Martínez, titular del bloque del Frente de Todos en Diputados, y con la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau. El tema de discusión no fue informado como parte del encuentro oficialmente. El comunicado solo informó sobre la discusión en torno al repudio por el atentado contra Cristina Kirchner.

Victoria Donda, la titular del INADI, había deslizado una propuesta en este sentido. Donda sostuvo que “urge tener una herramienta legal que sancione estas construcciones discursivas” y apuntó que “los periodistas y la dirigencia “no pueden hacerse los inocentes o los sorprendidos”. 

La discusión, promovida siempre desde el Gobierno, no es nueva, y en cada una de las ocasiones en que se intentó abordar provocó fuertes confrontaciones. Sobre todo a partir del rechazo opositor como de entidades civiles vinculadas a la prensa y la libertad de expresión. 

La iniciativa de la Defensoría del Público, que conduce Miriam Lewin, para crear un “observatorio de la desinformación y la violencia” -denominado en su momento NODIO- generó hace dos años un enorme rechazo y finalmente no se concretó.

En el Gobierno aseguran que buscarán debatir el tema con la oposición, pero matizan al incluir también en la discusión que se viene a otros sectores de la vida pública e institucional. 

La oposición rechaza de plano la idea de discutir cualquier tipo de ley contra los discursos de odio. El bloque de diputados de Juntos por el Cambio no sólo expresó su repudio, sino que directamente pidió la renuncia de Donda, titular del INADI, al proclamar que “ejerce violencia contra opositores políticos” y que “sus expresiones son a todas luces inadmisibles”. También hubo revuelo en el espacio por la imagen que publicó la agencia oficial Télam de un arma con un micrófono horas después de que un hombre atentara contra la vicepresidenta.

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