Por primera vez un vicepresidente en ejercicio recibirá un pedido de condena por hechos de corrupción. Es el caso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el juicio que se le sigue desde 2019 ante el Tribunal Oral Federal 2, por irregularidades en el otorgamiento de obra pública al empresario santacruceño Lázaro Báez entre 2003 y 2015.

Desde distintos sectores del oficialismo ayer domingo salieron a apoyar y solidarizarse con la expresidenta asegurando que este juicio es producto del lawfare- que los fiscales en la última audiencia dijeron que no existe- y que el Poder Judicial se alinea con los poderosos para perseguirla. 

Como ya hemos contado, la Oficina Anticorrupción desistió de su rol de querellante antes de su exposición y la Unidad de Información Financiera, que mantuvo su rol, decidió solicitar la absolución de todos los acusados por los delitos de asociación ilícita y defraudación al entender que a esta altura del proceso “hay más dudas que certezas y que sería irresponsable avanzar en una acusación”.

Pero luego de haber trabajado con gran hermetismo durante la feria de invierno, la fiscalía a cargo de Diego Luciani, quien preparó su alegato junto al fiscal Sergio Mola, el 1 de agosto comenzó con la primera de nueve audiencias donde la expectativa era si pediría o no condenas puesto que era el único acusador que quedaba. 

Aquella primera jornada los fiscales dejaron en claro que “este Ministerio Público Fiscal, a diferencia de la UIF, tiene por acreditado que existió entre 2003 y 2015 una asociación ilícita que tuvo que tuvo por finalidad sustraer y apoderarse de fondos públicos a través de un plan criminal que derivó en una defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial adjudicada a la provincia de Santa Cruz”.

Luego, a través de cada una de las audiencias fueron mostrando pruebas en relación a las 51 licitaciones otorgadas a Báez como también mensajes clave que había dentro del teléfono de José López, ex secretario de Obra Pública durante el kirchnerismo -secuestrado y peritado en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito-. 

Esta mañana desde las 8.30, ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, el Ministerio Público Fiscal en su novena y última jornada realizará su pedido de condena sustentado en lo expuesto en cada una de las audiencias. 

En la jornada del viernes los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola manifestaron que “se ha constatado con certeza que los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, el arquitecto Julio de Vido, el ingeniero José López, el ingeniero Nelson Periotti y Lázaro Báez, respectivamente, instauraron una matriz de corrupción en la contratación pública y tomaron parte de ella".

Asimismo Diego Luciani afirmó que “esta asociación permaneció, de manera sostenida e ininterrumpida, a lo largo de 12 años; se dedicó a cometer múltiples delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente de millonarios fondos. Formaron e integraron una organización criminal destinada a la comisión de delitos".

Para el fiscal, “es claro que el expresidente Néstor Kirchner, la expresidenta Cristina Fernández, Lázaro Báez, Julio De Vido, José López, Nelson Periotti, concertaron su voluntad para implementar una organización que permitiera alcanzar el objetivo buscado: sustraer fondos públicos millonarios, por medio de una defraudación al Estado Nacional, al menos a través de la aparente licitación y ejecución de la obra pública vial en Santa Cruz”. 

Finalmente en otro apartado de su alegato, la fiscalía consideró que se trató de una “organización criminal conformada por el conjunto de funcionarios, con la intervención de privados, con entidad suficiente para corromper todos los estamentos del poder y para perjudicar fuertemente, no solo el erario, sino la imagen de probidad que la función pública debe reflejar en la ciudadanía”. En tal sentido señaló que fue “una estructura capaz de desarrollar un estado paralelo al margen de la ley”.

Se espera un duro pedido de penas para los imputados pero en especial para la vicepresidenta de quien adelantaron en la última audiencia “ha quedado demostrado que es la jefa de una asociación ilícita”.

Qué se juzga y cuál es la pena que dispone el código penal. 

• Asociación ilícita: Artículo 210. - Será reprimido con prisión o reclusión de tres a diez años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o reclusión.
• Administración fraudulenta: Artículo 172. - Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño.
• Artículo 173 inc 7. El que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos.
• Incumplimiento de los deberes de funcionario público: Artículo 248. - Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.

Tras el pedido de penas de la fiscalía, cada una de las defensas tendrá tres audiencias para realizar sus alegatos. Quien dará inicio será la defensa del empresario santacruceño Lázaro Báez y continuará cada una de las partes por orden alfabético hasta completar los 13 imputados. Una vez finalizada esta etapa y las dúplicas y réplicas, el Tribunal Oral Federal 2 estará en condiciones- luego de escuchar las palabras finales de cada imputado- de dictar su veredicto que no quedará firme hasta no ser confirmado por la última instancia que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por lo tanto aunque el fallo fuera condenatorio es prácticamente imposible en términos procesales que el mismo pudiera proscribir a Cristina Fernández de Kirchner de cara a las elecciones, como algunos sectores afirman.