Esta mañana desde las 8.30, ante el Tribunal Oral Federal 2 integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, se reanudarán los alegatos de la fiscalía en el juicio por la causa conocida como Vialidad u obra pública, que tiene como principal imputada a Cristina Fernández de Kirchner. La vicepresidenta está acusada de los presuntos delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefe y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública, pero fue autorizada por el TOF a no participar de la audiencia. 

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola continuarán exponiendo sobre las licitaciones públicas otorgadas al empresario santacruceño Lázaro Báez entre 2003 y 2015.

En la segunda audiencia Luciani expuso los lineamientos de la contratación y afirmó que “una administración sana y eficiente está obligada a adjudicar la obra a la empresa más conveniente. No al empresario amigo. En 47 de las 51 obras asignadas a Lázaro Báez, esta relevante función la debió cumplir la Comisión de Estudio para la Preadjudicación de Santa Cruz”, que omitió hacer “un análisis real, serio y detenido de las ofertas”.

Además profundizó en su exposición asegurando que “no solo las licitaciones eran una ficción, sino todo lo que pasaba después. Porque no hubo ningún tipo de control”, y citó cuatro casos de licitaciones convocadas, a fines de 2006, para la realización de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, “que tienen en común que se realizaron de manera simultánea, con una inadmisible celeridad y urgencia, que no estaba justificada”, y en las que intervinieron empresas del Grupo Báez, para simular sana competencia. 

El fiscal destacó que no solo “hubo un direccionamiento grosero, inadmisible, y la cartelización, sino también que la falta de un adecuado control tiene consecuencias nocivas para la Administración. Y esto era imposible que se permitiera si no era porque la orden venía del más alto cargo del Poder Ejecutivo. Es que el trámite de estos expedientes deja en evidencia la ausencia absoluta de control, la discrecionalidad, el direccionamiento hacia el grupo económico”.

Luego, el fiscal Sergio Mola señaló que existió “un esquema de funcionarios corruptos y fondos del Estado nacional" que fueron usados “para direccionar la obra pública de forma burda a favor de Lázaro Báez” e incluso parte de los fondos obtenidos tuvieron como destino “el patrimonio de los expresidentes Kirchner como parte de la misma maniobra”.

“Todo se direccionó en favor de la empresa del amigo y socio comercial de Néstor Kirchner. Nunca nadie objetó absolutamente nada, lo que atenta al sentido común, contra la lógica y los principios elementales de contratación pública”, sostuvo Mola.

Recordemos que la fiscalía solicitó 9 audiencias para realizar sus alegatos aunque el lunes pasado manifestaron frente al Tribunal y las partes que podrían extenderse. Cuando ello ocurra será el momento para que las partes aleguen en el proceso y el primero en el orden es la defensa de Lázaro Báez. 

Lo que se debate en el juicio oral 

En diciembre de 2017, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques al solicitar la elevación a juicio tuvieron por acreditada una maniobra delictiva llevada a cabo “entre 2003 y 2015 por parte de una asociación ilícita, que tuvo por finalidad sustraer y apoderarse de fondos públicos a través de un plan criminal que derivó en una defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial adjudicada a la provincia de Santa Cruz y distintas maniobras de lavado de dinero con el objeto de enriquecer a la familia Kirchner”.

En tanto dieron por probada también la intervención de los distintos imputados que permitieron lograr con éxito tal finalidad delictiva, partiendo de “quien la dirigió y sostuvo en el tiempo Cristina Fernández de Kirchner pasando por quienes tenían a su cargo la administración de los fondos estatales destinados a la obra pública vial y los direccionaron hacia Lázaro Báez, tanto desde el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios —Julio Miguel De Vido, José Francisco López, Carlos Kirchner, Nelson Periotti (entre otros) para culminar en el individuo que fue escogido como destinatario del enriquecimiento, el amigo personal y socio comercial de Néstor y Cristina Kirchner, Lázaro Antonio Báez”.