La Justicia Electoral Nacional se expidió por primera vez en un caso de violencia política

Provinciales 20 de mayo de 2022
La Justicia catamarqueña se había pronunciado, pero nunca enmarcó lo sucedido como violencia contra las mujeres.
Las Ramonas

En un fallo histórico la Cámara Electora Nacional se expidió y catalogó la sanción impuesta por la Unión Cívica Radical a 7 afiliadas y candidatas catamarqueñas como un caso de violencia política por razones de género. Los jueces, Daniel Bejas, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, resolvieron de manera unánime sentando jurisprudencia sobre el tema.

Las “Ramonas Atrevidas”, como se autodenominaron luego de que lo sucedido trascendiera públicamente, habían sido “disciplinadas” por miembros de su partido político por intentar impedir que el ex candidato a gobernador Roberto Gómez asumiera como presidente del Comité Capital, ya que tenía una imputación por abuso sexual.

En mayo de 2021, el Comité de Expertas (CEVI) del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) se pronunció sobre el caso y determinó que “La denuncia por un caso de violencia sexual no forma parte de la vida privada de una persona pública”.

En abril del mismo año, el Juez Federal de Catamarca Miguel Ángel Contreras revocó miércoles la sentencia emitida por el Tribunal de Disciplina de la UCR, que suspendía por 5 meses a las mujeres para que asuman sus cargos dentro del Comité Capital.

Sobre ésta decisión que fue apelada falló la Cámara Nacional y a diferencia de Contreras, enmarcó lo sucedido en un caso de violencia contra las mujeres, generando el antecedente.

Gabriela Nieva Larcher, una de las protagonistas de ésta lucha que inició en enero de 2021, habló: “Estamos muy movilizadas. Esto nos retrotrae a aquel día cuando presentamos la nota ante el Comité con lo que sólo era una sugerencia y pedíamos que se revise la candidatura”, dijo.

“ Fundamentábamos con nuestras convicciones y después las convicciones nos pusieron a responder y entramos en un brete dificultoso. Lo que vino después fue sanción, vituperio público. Teníamos en las redes contenido ofensivo a través de mensajes privados en donde no atacaban la convicción sino a otras cuestiones delicadas y personales. Todas tenemos hijos e hijas y ellos también estuvieron expuestos. Hoy con esto fue volver mirar este recorrido, el camino del vilipendio que viene adosado a etas luchas”, detalló Nieva Larcher.

En tanto, aclaró: “Cuando las luchas son genuinas se hace justicia. La justicia es la madre de todas la instituciones y que se haya expedido con respecto a la violencia politica termina siendo un resarcimiento moral. Se expidió el MESECVI y nos faltara que la Justicia Electoral diga algo sobre la violencia política por razones de género y por fin lo dijo” manifestó y concluyó agradeciendo el acompañamiento de muchas mujeres de la política de otros partidos y asociaciones civiles.

El fallo

Las cuestiones de género han sido abordadas en variadas ocasiones por la Cámara Nacional Electoral, que ha tenido siempre un rol activo en asegurar la adecuada aplicación de las normas que tutelan la participación política de las mujeres. En ese marco, el tribunal dictó ayer una sentencia trascendente sobre un tema que no se había suscitado anteriormente, referido a la violencia política por razones de género, en el ámbito interno de los partidos políticos.

A partir de la ponderación de una serie de elementos que reseña la sentencia señaló que “la aplicación de la sanción cuestionada claramente conduce a debilitar los mecanismos de reclamo y protección de las mujeres en el seno de la organización y deja en evidencia el ejercicio de la violencia política ejercida por parte de quienes se arrogaban funciones sancionatorias”.

Además, resaltó la necesidad de que “situaciones como la que aquí se presentan sean objeto de un profundo análisis no solo por parte de […] jueces cuando lleguen a su conocimiento casos como el de autos, los cuales deberán ser examinados a la luz de las consideraciones antes reseñadas -como parte del accionar progresivo por parte del Estado tendiente a remover los obstáculos a una mayor participación-, sino también – previamente- por las agrupaciones políticas”.

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