Argentina y Reino Unido se enfrentan en el Tribunal del Mar por el petróleo de Malvinas

La disputa por la soberanía de las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo en el plano internacional. Argentina y el Reino Unido comenzaron a debatir en Hamburgo, Alemania, el reclamo presentado por Buenos Aires para impedir que avance la explotación de hidrocarburos en el archipiélago, particularmente a través del proyecto Sea Lion.

El caso llegó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), donde la delegación argentina busca conseguir medidas provisionales que frenen las actividades petroleras británicas mientras continúa abierta la controversia por la soberanía de las islas.

La presentación fue realizada por el gobierno de Javier Milei el pasado 13 de octubre, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). El pedido contempla cuatro objetivos: impedir que el Reino Unido inicie o continúe la explotación de Sea Lion, evitar que conceda nuevas autorizaciones en la zona, preservar la información obtenida durante las tareas de exploración y garantizar la protección del medio marino.

La comitiva argentina está encabezada por María Ibarzabal, secretaria legal y técnica de la Presidencia. También participan el embajador Mario Oyarzábal, la embajadora Bettina Pasquali de Fonseca, Juan Ignacio Stampalija y Santiago Castro Videla, en representación de distintas áreas del Estado.

Uno de los protagonistas de la estrategia jurídica es Marcelo Kohen, especialista en derecho internacional y exjuez ad hoc del propio Tribunal. El abogado tiene a su cargo la exposición de los argumentos argentinos. Su antecedente más relevante ante ese organismo fue la representación del país en el caso de la fragata ARA Libertad, que en 2012 obtuvo una resolución favorable que ordenó la liberación del buque.

Los argumentos argentinos para frenar Sea Lion

La estrategia de Buenos Aires se apoya principalmente en resoluciones de las Naciones Unidas que reconocieron la existencia de una disputa de soberanía sobre las Malvinas y reclamaron que ninguna de las partes adopte decisiones unilaterales mientras no se alcance una solución.

En particular, el Gobierno invoca la resolución 2065 de 1965 y la 31/49 de 1976. A partir de esos antecedentes, sostiene que el Reino Unido no puede avanzar con la explotación de recursos naturales en un territorio cuya soberanía permanece en discusión.

Durante su exposición, Kohen remarcó que Argentina pretende resguardar sus derechos sobre los espacios marítimos hasta que se resuelva la controversia territorial. También sostuvo que el reclamo de soberanía argentino tiene fundamentos suficientes para justificar la protección solicitada ante el Tribunal.

Uno de los puntos centrales de la presentación tiene que ver con la naturaleza del recurso en disputa. Para Buenos Aires, la extracción de petróleo genera un perjuicio que no puede repararse posteriormente, incluso si una sentencia futura reconociera los derechos argentinos. Una vez extraído, el recurso no puede recuperarse.

A ese planteo se suma la cuestión ambiental. Argentina invoca las obligaciones establecidas en los artículos 192 y 194 de la Convemar, que contemplan la protección y preservación del medio marino.

La delegación también dejó en claro que no pretende que el TIDM determine quién tiene la soberanía sobre las islas. El objetivo inmediato es que el organismo ordene respetar las obligaciones internacionales vinculadas con la explotación de recursos mientras la disputa territorial sigue pendiente de resolución.

Kohen cuestionó además la postura británica de condicionar cualquier discusión sobre la soberanía a la voluntad de los habitantes de las islas. Según sostuvo, el Reino Unido no puede dejar en manos de esa población la decisión de cumplir o no con sus compromisos internacionales.

La respuesta del Reino Unido y su defensa de las licencias petroleras

Londres, por su parte, mantiene una posición contraria al planteo argentino. La ministra de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, había señalado ante la Cámara de los Comunes que la presentación ante el Tribunal no constituye una sentencia y, por lo tanto, no modifica la validez de las licencias otorgadas por las autoridades de las islas.

La funcionaria también descartó que el reclamo obligue a suspender los proyectos de hidrocarburos o altere la capacidad regulatoria británica en el archipiélago. Como parte de su argumentación, volvió a mencionar el referéndum de 2013, en el que el 99,8% de los votantes respaldó la continuidad de las islas como territorio británico.

Aunque todavía no se conoce públicamente un escrito británico con todos los argumentos jurídicos que presentará ante el TIDM, se espera que Londres defienda la legalidad de Sea Lion y cuestione la competencia del organismo para intervenir en el conflicto.

En paralelo, el Gobierno británico anunció que impulsará una normativa destinada a proteger a las empresas que puedan verse afectadas por eventuales medidas extraterritoriales de Argentina. La iniciativa se apoya en una ley de 1980 y tiene como objetivo entrar en vigencia antes de que termine el año. Por el momento, el texto no fue publicado ni ingresó al Parlamento.

Las dudas sobre la jurisdicción del Tribunal

El caso también presenta dificultades jurídicas. Uno de los principales interrogantes es si el Tribunal del Mar tiene competencia para conceder las medidas solicitadas por Argentina.

El especialista Donald Rothwell, profesor de derecho internacional de la Universidad Nacional de Australia, resumió el problema al señalar que la legitimidad de la explotación petrolera depende de la cuestión de soberanía. Si las islas pertenecen al Reino Unido, el proyecto podría considerarse válido; si prevalece el reclamo argentino, la actividad británica podría entrar en conflicto con la Convemar.

En la misma línea, los investigadores Abhijeet Shrivastava y Constantinos Yiallourides señalaron que Argentina no cuenta con una decisión de la Corte Internacional de Justicia que haya resuelto la disputa territorial a su favor. Advirtieron que, si el TIDM considera que no tiene jurisdicción prima facie, no podrá ordenar las medidas provisionales.

La investigadora Vicky Kapogianni, de la Universidad de Reading, también apuntó a la cuestión de fondo: el control de las islas determina quién ejerce derechos sobre el lecho marino y, por lo tanto, sobre los recursos petroleros que se encuentran allí.

Qué puede resolver el Tribunal y cuándo se conocerá la decisión

Las audiencias de esta semana tienen un alcance específico. El Reino Unido eligió a la Corte Internacional de Justicia como mecanismo para resolver las controversias previstas en la Convemar, mientras que Argentina optó por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Debido a que los países no coincidieron en el foro elegido, la disputa de fondo deberá tramitarse mediante un arbitraje contemplado en el Anexo VII de la Convención.

Por ese motivo, el TIDM no resolverá ahora la cuestión de soberanía ni la titularidad de los recursos petroleros. Su intervención se limita a determinar si corresponde dictar medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá abordar el conflicto.

Para concederlas, deberá evaluar tres condiciones: que el futuro tribunal tenga jurisdicción prima facie, que exista una situación de urgencia y que los derechos que Argentina busca proteger tengan fundamentos jurídicos y fácticos suficientes.

El cronograma contempla dos jornadas de exposiciones. Argentina abrió las presentaciones el martes y luego fue el turno de la representación británica. Este miércoles 11, la delegación argentina tendrá una segunda intervención entre las 10.30 y las 12, mientras que el Reino Unido cerrará el procedimiento entre las 17.30 y las 19.

La resolución sobre las medidas cautelares podría conocerse el viernes 13 de noviembre, de acuerdo con los plazos previstos por el procedimiento, aunque también existe la posibilidad de que el Tribunal postergue el anuncio hasta el lunes siguiente.

En cuanto a la integración del organismo, Argentina cuenta con una jueza de su nacionalidad entre los 21 miembros permanentes: Frida María Armas Pfirter, quien fue elegida vicepresidenta en octubre. Sin embargo, se excusó de intervenir en este expediente, por lo que el país designó como juez ad hoc a Raúl Vinuesa. El Reino Unido hizo lo propio con Vaughan Lowe. Ambos juraron el lunes.

Así, el litigio por Sea Lion abre una nueva instancia internacional en la disputa por Malvinas. Por ahora, el resultado inmediato no definirá la soberanía, pero sí podría determinar si el Reino Unido debe suspender o limitar sus actividades petroleras mientras continúa pendiente una solución al conflicto.