
La clave que podría eliminar dudas sobre los RIGI mineros
El Gobierno nacional espera una señal para despejar los interrogantes sobre la continuidad de las inversiones mineras de cobre. Qué debe suceder y los montos comprometidos.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) enfrenta una prueba que va más allá de las aprobaciones administrativas y los anuncios de miles de millones de dólares. En una industria como la minería, que entiende el largo plazo y los lentos retornos de inversión como casi ninguna, las empresas realmente no arriesgan su capital si no saben que las condiciones pactadas hoy serán las mismas dentro de quince o veinte años, gobierne quien gobierne.
Este aspecto es, en la antesala de un año electoral, uno de los aspectos claves y una de las pruebas de fuego del Gobierno de Javier Milei. Por un lado, demostrar la seguridad jurídica del programa y, por el otro, que el sector minero, especialmente del cobre, transforme esos compromisos de inversión en obras concretas. Dicho en criollo, empiecen a “enterrarla”.
Y en este escenario, hay un proyecto que podría funcionar como el principal termómetro de esa transición: Vicuña, la iniciativa que integra los depósitos de cobre, oro y plata Josemaría y Filo del Sol, en San Juan.
Fuentes cercanas al Gobierno nacional aseguraron que el comienzo de la construcción antes de que termine 2026 representaría un movimiento decisivo para despejar las dudas que todavía sobrevuelan el régimen. La lectura dentro de la administración de Javier Milei es que ver a una compañía de esta magnitud pasar de la planificación a la ejecución material sería una señal contundente sobre el cumplimiento de las condiciones ofrecidas a los inversores y la seguridad jurídica de Argentina.
La cuestión no es menor. Vicuña es uno de los proyectos de cobre más importantes del país y tiene detrás a dos compañías internacionales de peso: la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, que participan en partes iguales. Su decisión de avanzar con la construcción podría tener un efecto que exceda a San Juan y alcanzar al conjunto de las inversiones mineras que buscan aprovechar los beneficios del RIGI.
Desde la compañía, en tanto, transmitieron optimismo respecto de la posibilidad de cumplir con los plazos y los compromisos de inversión asumidos. Fuentes cercanas a Vicuña Corp aseguraron con cautela que el proyecto avanza de acuerdo con las previsiones y que las inversiones tempranas, las contrataciones y los procesos de licitación forman parte de ese camino.
En el Gobierno de San Juan también son optimistas con los tiempos. En el marco de la II Cumbre de Minería Sostenible que se realizó la última semana en Mendoza, Marcelo Orrego, gobernador sanjunaino, dijo que la compañía ya realizó inversiones tempranas, avanzó con licitaciones internacionales y cuenta con algunos adjudicatarios. «Me parece que van por buen camino. Seguramente van a ver pronto distintas novedades sobre el proyecto Vicuña, pero la verdad es que ya comenzó», afirmó.
Vicuña y los números detrás del compromiso con el RIGI
El proyecto ya tiene un paso institucional fundamental. El Ministerio de Economía aprobó su adhesión al RIGI mediante la Resolución 1154/2026, publicada en el Boletín Oficial el 30 de julio. La iniciativa fue incorporada bajo la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), una figura prevista para inversiones de gran escala y desarrollo prolongado.
La aprobación contempló una inversión total declarada de US$9.737 millones. De ese monto, US$9.025 millones corresponden a activos computables para el régimen. La resolución también estableció que Vicuña deberá acreditar inversiones en activos computables por al menos US$2.009,3 millones durante los primeros dos años contados desde la notificación de la aprobación. El plazo fijado para alcanzar el monto mínimo de inversión computable es el 31 de diciembre de 2028.
La iniciativa contempla el desarrollo integrado de Josemaría y Filo del Sol, dos depósitos ubicados en la cordillera sanjuanina, cerca del límite con Chile. La estructura societaria está integrada en partes iguales por BHP y Lundin Mining, dos grupos internacionales con experiencia en la industria minera.
La empresa presentó su solicitud de adhesión al RIGI en diciembre de 2025. En ella incluyó la extracción, producción y exportación de cobre, oro y plata, la exploración de las concesiones que forman parte del proyecto y el desarrollo de la infraestructura necesaria para su funcionamiento.
El cobre en el RIGI
Pero el caso de Vicuña no es el único. A noviembre de 2026, cuatro proyectos vinculados con el cobre cuentan con aprobación formal del RIGI: Los Azules y Vicuña, en San Juan; PSJ Cobre Mendocino, en Mendoza; y Agua Rica, en Catamarca.
La situación de estos proyectos permite observar distintos momentos de maduración. Los Azules obtuvo su aprobación en octubre de 2025, con una inversión total declarada de US$2.672 millones y un compromiso de inversión inicial en activos computables de aproximadamente US$415,8 millones durante los primeros dos años.
En Mendoza, PSJ Cobre Mendocino ingresó al régimen con una inversión total de US$891 millones y activos computables declarados por US$613,4 millones. La resolución estableció junio de 2027 como fecha estimada para el inicio de la construcción y enero de 2029 para el comienzo de las operaciones.
Agua Rica, por su parte, obtuvo la aprobación en octubre de 2026. El proyecto de Glencore contempla una inversión total de US$6.393,6 millones, con US$3.310,6 millones en activos computables. La compañía comprometió US$771,5 millones de inversión computable durante los primeros dos años y prevé comenzar la construcción en noviembre de 2027.
Hay otras dos iniciativas que conviene distinguir de las anteriores. El Pachón, también de Glencore y ubicado en San Juan, presentó su solicitud de adhesión y permanece en evaluación. Taca Taca, en Salta, todavía no había formalizado su ingreso al régimen, a la espera de avanzar con permisos ambientales y concesiones de agua.
El riesgo político
El otro componente de esta discusión es político. La cercanía de 2027, un año electoral, comienza a introducir interrogantes sobre la continuidad de las reglas económicas y la posibilidad de que un eventual cambio de gobierno modifique las condiciones que ofrece el RIGI.
En las últimas semanas, los cuestionamientos opositores al régimen ganaron exposición. Uno de los episodios que generó inquietud en el sector empresario fue la advertencia del diputado Máximo Kirchner de que, ante un eventual regreso del peronismo al Gobierno nacional, se auditarían todos los proyectos aprobados bajo el RIGI. Si bien el planteo incluyó el compromiso de respetar los derechos adquiridos cuando las inversiones estuvieran en regla, volvió a poner sobre la mesa la discusión acerca de la continuidad del esquema.
Sin embargo, desde el Gobierno nacional diferencian el escenario de la minería del que observan en otros sectores estratégicos. Según fuentes cercanas a la administración, las dudas vinculadas con la incertidumbre política y la continuidad de La Libertad Avanza en el poder no representan, por ahora, una amenaza equivalente para las inversiones en litio e hidrocarburos. En el cobre, en cambio, el peso de las inversiones comprometidas, los plazos de desarrollo y la necesidad de infraestructura hacen que el cumplimiento de los primeros hitos tenga una importancia particular.
Desde el punto de vista normativo, el RIGI cuenta con herramientas destinadas a proteger a los proyectos que ya ingresaron. El régimen fue creado por el Título VII de la Ley 27.742 y contempla estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años desde la fecha de adhesión, además de mecanismos de protección de los derechos adquiridos y resolución de controversias. A su vez, el Decreto 105/2026 prorrogó hasta el 8 de julio de 2027 el plazo para que nuevos proyectos puedan solicitar su incorporación.
No obstante, la existencia de un marco legal no elimina por completo las dudas de los inversores. La estabilidad de un régimen de incentivos también se mide por su aplicación práctica, el respeto de los compromisos asumidos y la previsibilidad de las decisiones estatales a lo largo del tiempo.
En ese contexto, el comienzo de la construcción de Vicuña podría tener un valor adicional al económico. Para el Gobierno nacional sería una demostración concreta de que el régimen logró superar la etapa de las expectativas y que las compañías están dispuestas a comprometer capital en el país, incluso frente a un escenario político que todavía no está definido.
