“Al RIGI, la región pampeana les va a dar una oportunidad”, decía, algo envalentonado por el contexto, el gobernador de Córdoba Martín Llaryora refiriéndose al apoyo hacia la Ley Bases y en particular al Régimen de Grandes Inversiones impulsados por Javier Milei. El gobernador tomó el rol de vocero ad hoc, junto a él estaba otro mandatario peronista, el sanjuanino Marcelo Orrego, que también dio un apoyo casi incondicional.
Estaban en un contexto condicionado, pero relevante: los principales empresarios mineros del país, que se reunieron en Córdoba para celebrar su día. La minería es una de las actividades principales a la que está destinado el régimen de beneficios que impulsa el Gobierno nacional. En paralelo, en el Senado comenzó la discusión fina sobre la Ley Bases y el foco principal está puesto justamente en el impacto que puede tener el “RIGI” y el riesgo que ven algunas provincias en la pérdida de potestades en favor de la Nación y los inversores.
Repercusiones
El cordobés Llaryora dio un mensaje que también repercute dentro del peronismo, pues volvió a diferenciarse del kirchnerismo. “Sin ser parte del gobierno, vamos a apoyar. Si es bueno para ustedes, es bueno para todos. Somos una nueva generación de dirigentes”, remarcó. El sanjuanino Orrego fue en el mismo sentido. “Más de uno nos pregunta por qué apoyamos el RIGI. Yo les digo, no se confundan. Si no crece la Argentina, no vamos a crecer nosotros. Son sectores que necesitan muchas inversiones que en Argentina no los tenemos. Hay que entender Necesitamos generar las condiciones y por eso apoyamos el RIGI y esta nueva ley que les dé seguridad en el tiempo. No explotar la minería es morirnos de hambre con la heladera llena”, dijo el gobernador cordobés. “Unidos es mejor”, repitió, luego de apoyar explícitamente ante los empresarios mineros el plan de incentivos de Milei. El radical mendocino Alfredo Cornejo no estuvo, pero adhirió en ausencia al impulso de la actividad.
En el Senado, el kirchnerismo tomó al régimen de grandes inversiones como bandera para ir contra la ley. La presión recaerá sobre los gobernadores del norte, que tienen la doble presión. En la UCR y el PRO también hay reparos a la aprobación a libro cerrado de ese régimen, por lo que podría tener modificaciones respecto a lo votado en la Cámara de Diputados.
El RIGI otorga una serie de beneficios para inversiones de al menos 1000 millones de dólares que generan una especie de burbuja fiscal, cambiaria y legal respecto al resto; pues baja impuestos, permite importaciones y libera el acceso a divisas. En algunas provincias genera ruido lo que consideran una pérdida de potestades porque le prohíbe a los estados subnacionales que adhieran, imponer condiciones por afuera de la propia ley.
También hay actividades que reclaman porque no podrían acceder a esos beneficios por una cuestión de escala: hay industrias que son intensivas, pero no tienen el volumen suficiente. La minería es una de las actividades principales a las que está destinado el plan. El presidente Javier Milei lo destacó y ayer el secretario de Minería, Luis Lucero, también lo remarcó. Aseguró, en nombre del Presidente, que quieren que haya explotación minera y hasta habló de persuadir a las provincias que tienen normativas que la prohíben. “Deberán hacerse cargo de los costos de las prohibiciones”, aseguró.
Las provincias y empresas mineras presionan para liberar el camino legal y fiscal para facilitar las inversiones que se necesitan para desarrollar la explotación de minas de cobre, un metal cuya demanda crecerá fuertemente. Hay al menos 8 proyectos que podrían desarrollarse en la próxima década, que necesitan un volumen de capital enorme para ejecutarse. Esas inversiones van desde los 2500 a los 5 mil millones de dólares y son de largo aliento. Por eso consideran que el “RIGI” planteado por Milei concentra sus demandas, aunque sin esquivar tensiones.
Las provincias también negocian con las propias empresas quién se hace cargo de parte de las inversiones en infraestructura que necesitan los mismos proyectos mineros. Es lo que ocurre con la energía eléctrica y las rutas de acceso. Las empresas buscan que esos gastos sean tomados como parte de anticipo de regalías.
