Hoy se hará la primera reunión para acordar cómo serán los debates presidenciales

Los equipos de los seis candidatos que se presentarán en las generales deberán consensuar la modalidad. Quiénes asistirán y cuál es la sanción para los que se nieguen a debatir

Esta mañana se realizará la primera audiencia para coordinar la organización de los dos debates presidenciales obligatorios previstos antes de las elecciones generales del 27 de octubre, que estarán a cargo de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

La convocatoria fue resuelta la semana pasada por los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via, y la cita es en la sede del máximo tribunal electoral del país, en el centro porteño. Al finalizar, al mediodía, se hará la presentación pública de los debates y de lo resuelto hasta ahora sobre su modalidad. Ya están definidas las fechas –el 13 y el 20 de octubre-y las sedes: la Universidad  del Litoral (UNL) en la ciudad de Santa Fe y la Facultad de  Derecho de la UBA en la Ciudad de Buenos Aires, el mismo recinto que se utilizó para los debates en la campaña de 2015, cuando aún no eran obligatorios por ley.

En caso de haber segunda vuelta, está previsto un tercer debate entre los dos candidatos más votados.

Fueron convocados los seis candidatos de los diez que se presentaron a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que obtuvieron más de 1,5% del padrón, quienes -tal como establece la ley- deben ratificar su voluntad de participar. Deben hacerlo el presidente Mauricio Macri (Juntos por el Cambio), Alberto Fernández (Frente de Todos), Roberto Lavagna (Consenso Federal), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda y de Trabajadores), José Luis Espert (Unite por la Libertad y la Dignidad) y Juan José Gómez Centurión (Frente NOS).

La realización de estos debates implicará el debut de la ley 27.337 sancionada en 2016, que estableció la obligatoriedad para los candidatos a presidente de participar con la finalidad de «dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas».

Para aquellos que se nieguen, la norma prevé como sanción la quita de los espacios publicitarios gratuitos en medios audiovisuales, que serán redistribuidos equitativamente entre todas las agrupaciones que participen del debate. Además, se expondrá  la silla vacía para dejar en evidencia su renuencia a debatir, tal como pasó en 2015 con Daniel Scioli.

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