Cada vez que aparecen nuevos datos sobre la crisis educativa argentina, la mirada se posa sobre ellos: los profesorados o Institutos de Formación Docente (IFD), encargados de preparar a los maestros que llegan a las aulas. El panorama es complejo. Con más de 1.300 profesorados -unos 34 por cada millón de habitantes-, la Argentina está entre los países con más IFD por persona. Más del 60% son estatales y dependen de las provincias, que pagan los salarios. Pero las críticas no apuntan solo a la cantidad, sino también a la calidad. Hay pocos profesorados en áreas prioritarias -como ciencias duras o idiomas- y muchos especialistas advierten debilidades en la formación. A eso se suma la falta de planificación, en un sistema extendido por todo el país, donde la apertura de carreras muchas veces responde más a decisiones políticas locales que a una planificación educativa. Frente a este panorama, el Gobierno de Milei puso en marcha un nuevo sistema de acreditación de los profesorados. El objetivo es evaluarlos periódicamente y establecer estándares más exigentes para darles validez nacional a las carreras que ofrecen y, si no pasan el test, cerrarlos. Después de una prueba piloto realizada a fines del año pasado, el proceso arrancará este año con la evaluación de 300 profesorados: 150 con acreditación completa y otros 150 en etapa de autoevaluación. Tras años de debate, el mecanismo finalmente surgió por consenso entre todas las provincias en el Consejo Federal de Educación (ámbito que reúne a los ministros de Educación del país), a pesar de la oposición de algunos gremios docentes. Con consecuencias concretas El nuevo mecanismo de acreditación de los profesorados funciona de forma similar al sistema de evaluación universitaria que realiza la CONEAU. Pero en lugar de acreditar carreras, como ocurre en el sistema universitario, el nuevo esquema revisará el funcionamiento integral de cada profesorado. El proceso incluye autoevaluación institucional, evaluación externa y recomendaciones de mejora. Y a mediano plazo, el resultado tendrá consecuencias concretas: una vez completado el circuito de acreditación, aquellos que no estén acreditados no podrán obtener la validez nacional para sus carreras. El sistema surge de una resolución aprobada por el CFE en 2024 y que establece que los profesorados deberán pasar por el proceso de acreditación cada 6 años y que para el año 2030 todos deberán haber atravesado al menos un ciclo de evaluación. Ese ciclo involucra dos instancias: la autoevaluación institucional y la evaluación externa a cargo de una Unidad Federal de Evaluación, coordinada por el INFoD, el órgano que regula la formación docente en el país. A partir del informe que elaboren las unidades federales, el INFoD definirá la acreditación “total” (por 6 años) o “parcial” (por 3 años) de cada instituto. Si es parcial, el profesorado recibirá las recomendaciones tendientes a revertir las falencias encontradas. La acreditación parcial no impide la matriculación de nuevos estudiantes. Objetivos educativo y económico Uno de los objetivos que persigue el Gobierno de Milei, según afirman, es que todo esto sirva para que la oferta de carreras de los profesorados se ajuste a las necesidades del sistema escolar obligatorio. Para eso, también impulsaron cambios en el diseño de las carreras de formación docente. En 2024 el CFE aprobó una resolución que actualiza los lineamientos curriculares de la formación docente inicial, algo que no se revisaba desde 2007. Entre otras modificaciones, la reforma establece un límite máximo a la carga horaria de las carreras de los profesorados -muchas veces infladas para responder a necesidades laborales de los docentes más que a la formación de los estudiantes, dicen en el Gobierno- y habilita la posibilidad de incorporar componentes de educación a distancia en los profesorados. Pero hay otro objetivo que es económico. En un contexto de fuerte ajuste en el sector educativo (cercano al 50% en el ámbito nacional, en los últimos dos años), desde el Gobierno buscan que las provincias -que administran los profesorados- también gasten menos.